Tucumán está en mora con la Convención de los Derechos del Niño, según los abogados que ayer fueron a la Legislatura a pedir la sanción de una ley que cancele esa deuda. Marcelo Billone y Flaviana Yubrin, respectivos presidente y consejera del Colegio de Abogados de la Capital, y Marta Rojas plantearon la necesidad de garantizar a los chicos el derecho a ser escuchados con la asistencia de un abogado del niño independiente en una reunión que primero tuvieron con el legislador radical José María Canelada. A continuación, los letrados participaron en el encuentro de la comisión de Familia, Niñez y Discapacidad, a la que asistieron los parlamentarios Mario Casali, Adriana Najar, Paula Galván, Carlos Gómez, José Ricardo Ascárate, Sandra Mendoza y Canelada.
Tras el encuentro, Billone dijo que su entidad bregaba por la regulación legislativa del abogado del niño desde hacía aproximadamente cuatro años. “No se nos escapa que hay una multiplicidad de proyectos presentados, y advierto que existe la voluntad y la decisión política de la composición actual de la Legislatura de avanzar en la concreción de un proyecto que es muy significativo para la sociedad porque existe a nivel nacional y está previsto en las convenciones internacionales. Se trata de garantizar algo que es un reclamo generalizado: tratar al niño como un sujeto de derecho y no como un objeto, es decir, que el niño tenga, mediante su propio abogado, la posibilidad de expresarse, de transmitir sus opiniones y de ser oído”, afirmó Billone, según el parte de prensa distribuido por la oficina de Canelada.
En Tucumán existe una situación peculiar y casi única en el país: el abogado del niño forma parte del Ministerio Público de la Defensa en virtud de una resolución de su titular, Washington Navarro Dávila. Este diseño fue cuestionado en sede judicial por el Colegio a cargo de Billone -el proceso está en trámite-, y declarado inconstitucional por dos jueces, Mariana Rey Galindo y Federico Moeykens, según recordó ayer Canelada. Ese legislador expresó: “es importante comprender que esto no es lo mismo que las defensorías u otras figuras en las que se representa el interés de la sociedad en su conjunto. En Tucumán hay una mala regulación, y, por eso, necesitamos aprobar una ley que de verdad se ajuste a los estándares legales internacionales y nacionales de los derechos de los niños”.